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Autor: C. P. Carlos Sastoque M.

Las diversas superintendencias, desde hace más de 20 años, han venido produciendo resoluciones y circulares en las que pide a las empresas que están sometidas a su inspección, vigilancia y control, el suministro de numerosos informes y certificaciones, unas veces firmadas solamente por el revisor fiscal y otras por el representante legal y el revisor fiscal conjuntamente. Principalmente lo han venido haciendo las superintendencias de Sociedades, Financiera, de Economía Solidaria, de Salud, de Subsidio Familiar, del Transporte y de Servicios Públicos.

Realmente son muchos los informes especiales de carácter periódico que solicitan estas superintendencias. El revisor fiscal se ve obligado a dedicar una buena parte de su tiempo a satisfacer este pedido de la superintendencia respectiva, basándose casi siempre en los libros y documentos contables. La obligación legal de cumplir con el envío de estos informes está contemplada en el numeral 3 del artículo 207 del Código de Comercio

A la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF también debe mandarle informes el revisor fiscal, de acuerdo con lo que ordena el artículo 27 de la ley 1762/2015, que agregó el numeral 10 al artículo 207 del Código de Comercio, en el sentido de que debe “Reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las operaciones catalogadas como sospechosas”.

Y, para completar, debe informar sobre actos de corrupción, como se deduce al leer el artículo 7º. de la ley 1474/2011 -que adicionó el numeral 5 al artículo 26 de la ley 43/90- estableciendo como una causal más de cancelación del registro como contador público: “Cuando se actúe en calidad de revisor fiscal, no denunciar o poner en conocimiento de la entidad disciplinaria o fiscal correspondiente, los actos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de su cargo, dentro de los seis (6) meses siguientes a que haya conocido el hecho o tuviere la obligación legal de conocerlo…”

Autor: C. P. Carlos Sastoque M.

En materia de las técnicas y procedimientos que debe utilizar el revisor fiscal, el decreto especial 410 de 1971 (Código de Comercio) indica en el ordinal 2º. del artículo 208 que su dictamen deberá expresar por lo menos :

“Si en el curso de la revisión se han seguido los procedimientos aconsejados por la técnica de la interventoría de cuentas…”
Para muchos contadores públicos colombianos ha existido la confusión acerca de qué es interventoría de cuentas y qué es auditoría. Han pensado que las normas de auditoría son lo mismo que las técnicas de interventoría de cuentas. Por eso considero prudente aclarar en qué consisten unas y otras.

El contador público Jesús María Peña Bermúdez, en su libro “REVISORÍA FISCAL: ¿Interventoría o auditoría?” cita la definición que sobre el término intervención da el Diccionario Jurídico Espasa en edición 1999, página 533: “función crítica o fiscalizadora que debe realizarse sobre todos los actos, documentos y expedientes de las administraciones públicas, en los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico”.

Según lo transcribe el C. P. Peña Bermúdez en su mismo libro, el tratadista Andrew Nelson, en su libro Introducción a la Intervención de Cuentas,aclara que: “Con finalidades prácticas podemos definir la intervención de cuentas diciendo que es un examen sistemático de los libros y anotaciones contables de una corporación, sociedad o comerciante con objeto de:

1) Comprobar ciertas situaciones de hecho;

2) Descubrir o prevenir fraudes;

3) Ofrecer opinión o juicio sobre materias consultadas, y

4) Informar al cliente”. *

Como se puede ver, entre estas dos definiciones citadas por el colega Jesús María Peña hay diferencias importantes, tales como:
(a) La del Diccionario Jurídico Espasa limita su acción a “los actos, documentos y expedientes de las administraciones públicas”, mientras que Andrew Nelson manifiesta que “…es un examen sistemático de los libros y anotaciones contables de una corporación, sociedad o comerciante…” . O sea que la primera la extiende a todos los “actos, documentos y expedientes” y la segunda dice que es un examen “de los libros y anotaciones contables”. La primera la limita a “las administraciones públicas” y la segunda considera que se aplica a “una corporación, sociedad o comerciante”, excluyendo a los entes públicos.

(b) Andrew argumenta que dentro del objeto de la interventoría de cuentas están “comprobar ciertas situaciones de hecho” y “descubrir o prevenir fraudes”.

El abogado Hernando Bermúdez Gómez en su escrito titulado “Reflexiones sobre la técnica de interventoría de cuentas”, publicado en 1991 en la revista “Contaduría Universidad de Antioquia” copia textualmente apartes de la Circular Conjunta SS-005 SB-076 CNV-015, expedida el 19 de septiembre de 1989 por la superintendencia de Sociedades, la entonces denominada Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) y la desaparecida Comisión Nacional de Valores. En uno de ellos, se dice que si al ejercicio de la revisoría fiscal se aplicaran solamente las normas de auditoría “conllevaría a aceptar que su labor no se efectuaría de una manera oportuna, asidua y permanente conforme lo estipula el artículo 207 (del Código de Comercio), toda vez que el trabajo de auditoría se desarrolla en forma temporal a través de las denominadas “preliminar” y “final”, es decir, la ejecución del trabajo se realiza con la aplicación de pruebas solamente en dos (2) oportunidades durante el ejercicio contable”.

Más adelante la misma circular conjunta se refiere al dictamen del revisor fiscal sobre los estados financieros y dice que: “Afirmar que la presentación de los estados financieros es razonable “en todo aspecto significativo”, lleva implícita una limitación al alcance de su dictamen –que no es de recibo de la ley-, que solo cobra sentido para explicar o justificar la falta de cobertura total a las áreas que debe revisar o inspeccionar” (el revisor fiscal).

Y complementa la citada circular lo relacionado con el dictamen del revisor fiscal sobre los estados financieros y las otras responsabilidades a su cargo así: “No debe perderse de vista que las normas de interventoría de cuentas permiten, perfectamente, cumplir las exigencias legales sobre el alcance de la labor del revisor” (fiscal).

En su artículo ya mencionado de 1991, comenta el abogado Bermúdez Gómez: “Así las cosas, haciendo eco de una corriente de opinión que se ha pronunciado en el mismo sentido, las tres entidades gubernamentales concluyen, de un lado, que las normas de auditoría generalmente aceptadas son diferentes de la técnica de interventoría de cuentas y, de otra parte, que aplicando esta técnica se puede lograr un alcance de trabajo suficiente para cumplir con las obligaciones impuestas a la revisoría fiscal, cosa que no puede realizarse con la utilización de aquellas” (esto es con la utilización de las normas de auditoría, aclaro yo).

Antes de seguir adelante, es bueno recordar que en 1991-de acuerdo con el artículo 7º. de la ley 43 de 1990- el contador público debía aplicar las llamadas Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. Ahora las normas legales lo obligan a utilizar las NIA.

* Nelson Andrew, LL.B., Introducción a la Intervención de Cuentas. Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, Uteha, versión al español de Germán Sergio San Miguel y Pages, C.P., México 1942, página 1.